COMUNICADO DE PRENSA
El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Neuquén, en representación de más de 1800 profesionales matriculados, manifiesta su profunda preocupación ante la situación denunciada por colegas que se desempeñan en el sistema público de salud mental.
Actualmente, un número significativo de psicólogas y psicólogos trabaja bajo condiciones de contratación eventual, lo que configura un estado de precarización laboral persistente, vulnerando derechos fundamentales y afectando gravemente la estabilidad necesaria para garantizar una atención sostenida y de calidad.
A esta crítica situación, se suma la salida progresiva de psiquiatras del sistema público de salud, lo cual profundiza el vaciamiento de los servicios de salud mental y debilita los equipos interdisciplinarios, indispensables para brindar una respuesta adecuada. Este debilitamiento impacta de manera directa y alarmante en sectores de la población en situación de alta vulnerabilidad social, quienes requieren dispositivos de atención pública, continua y especializada.
Estos hechos constituyen una grave afectación a los principios consagrados en la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, que garantiza el acceso al derecho a la protección de la salud mental desde una perspectiva integral, interdisciplinaria y comunitaria. Asimismo, contravienen lo estipulado en el Convenio Colectivo de Trabajo vigente en la ciudad de Neuquén, que establece la necesidad de estabilidad y reconocimiento de los trabajadores del sistema público.
Frente a este escenario, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Neuquén:
• Solicita se arbitre los medios para la apertura inmediata de concursos públicos que regularicen los cargos en salud mental.
• Se efectivice la incorporación a planta permanente de las y los profesionales que actualmente sostienen los dispositivos de atención bajo condiciones precarias.
• Se garanticen equipos interdisciplinarios completos, que puedan dar respuestas efectivas a la comunidad.
Asimismo, esta institución se ofrece como espacio de mediación y articulación entre las autoridades pertinentes y los profesionales afectados, con el fin de contribuir a la construcción de soluciones sostenibles que garanticen tanto los derechos laborales de las y los trabajadores como el acceso efectivo al derecho a la salud mental de toda la población.